En Croacia, la Agencia de Competencia se pronunció sobre un caso relacionado con la empresa Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. de Zagreb. En el procedimiento, el organismo debía decidir si determinados servicios que la empresa adoptó en julio de 2013 representaban un abuso de posición dominante en el mercado público de suministro de agua de referencia.
El caso se inició porque había una nueva disposición que establecía una obligación de que los medidores de agua instalados en edificios antiguos estuvieran conectados a la red de lectura automática de medidores de agua (AWMR, por sus siglas en inglés), un sistema que Vodoopskrba ya había introducido en edificios antiguos. En otras palabras, los medidores de agua representaban un nuevo mercado para Vodoopskrba, pero también eran los únicos propietarios de la red de AWMR.
La Agencia de Competencia tomó una decisión debido a la cual Vodoopskrba i odvodnja dejó temporalmente de obstaculizar a otras empresas, ya que estas podían instalar servicios telemétricos. De esta manera, los consumidores finales pudieron elegir libremente al proveedor de los servicios en cuestión.

En Bolivia, la Superintendencia de Saneamiento Básico tiene entre sus facultades la de asegurar que los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario cumplan con las disposiciones antimonopólicas y de defensa del consumidor establecidas en la Ley N.º 1600, pudiendo tomar las acciones necesarias para corregir cualquier incumplimiento. En ese marco, se estipula que los prestadores adecuarán sus actividades a principios que garanticen la libre competencia, evitando actos que la impidan, restrinjan o distorsionen, prohibiendo a los mismos la fijación conjunta, directa o indirecta de precios; el establecimiento de limitaciones, repartición del control de la producción, los mercados, fuentes de aprovisionamiento o las inversiones; y el desarrollo de otras prácticas anticompetitivas similares. Se prohíbe además prácticas abusivas como la imposición directa o indirecta de precios de compra o de venta u otras condiciones comerciales no equitativas; la limitación de la producción, de las fuentes de aprovisionamiento, de los mercados, o del desarrollo técnico, en perjuicio de los consumidores; la aplicación de condiciones desiguales para operaciones equivalentes, que signifiquen para los clientes y los usuarios una situación de desventaja; subordinar la suscripción de contratos a la aceptación por la contraparte de obligaciones adicionales que, por su naturaleza, o según las prácticas comerciales, no sean inherentes al objeto de dichos contratos; y exigir que quien solicite la provisión de un servicio regulado, asuma la condición de socio o accionista.

En Chile, la Fiscalía Nacional Económica tiene la potestad de controlar y verificar la posible existencia de prácticas anticompetitivas por parte de las empresas de servicio público sanitario, y en caso de verificar tales situaciones puede solicitar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que ciertos servicios sean calificados como sujetos a fijación de precios por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, siempre y cuando se presenten características monopólicas.