En la Union Europea (UE) la Comisión Europea recibió una queja en 1997 de una asociación italiana de distribuidores de agua privados mediante la cualse alegaba que el gobierno italiano estaba concediendo asistencia ilegal a sociedades anónimas con accionistas públicos mayoritarios creadas según la ley 142/90. Esta ley regulaba las municipalidades como proveedores de servicios. Establecía que los municipios podían crear sociedades anónimas en las que mantendrían la mayoría de las acciones. Como resultado, estas empresas pasaron a tener derecho a recibir préstamos de la Cassa Depositi e Prestiti (CDDPP), y estos préstamos produjeron intereses inferiores a los del mercado. Además, en 1993 y en 1995, Italia estableció una exención del impuesto sobre los ingresos para esta categoría de empresas y también una exención de todos los impuestos relativos a la transferencia de activos a las sociedades anónimas creadas según la ley 142/90.

La Comisión Europea no había sido notificada, y después de solicitar las aclaraciones de las autoridades italianas, decidió abrir una causa de investigación formal. La Comisión constató que la concesión de esta asistencia no estaba vinculada a la atribución explícita de obligaciones de servicio público, y las autoridades italianas no demostraron la existencia de tales obligaciones. Por el contrario, el criterio decisivo para beneficiarse de un tratamiento fiscal especial era la naturaleza de la empresa (sociedad anónima) y su composición accionarial (mayoría pública). Asimismo, las medidas no se aplicaban a todo el sector económico, sino a algunas empresas públicas que operaban en ese sector. Al llegar a esta conclusión, la Comisión decidió que las autoridades italianas debían tomar todas las medidas necesarias para recuperar la asistencia otorgada ilegalmente según los dos esquemas, y restablecer así la igualdad de condiciones entre todos los operadores en los sectores pertinentes.

En Argentina, la política tarifaria -niveles de tarifas y subsidios- desarrollada durante el período 2006-2014 se caracterizó por el congelamiento de las tarifas, lo que atentó contra el equilibrio económico financiero del servicio; desde 2014 se implementó un esquema generalizado (casi universal) de subsidio por ámbitos geográficos, sin distinción de capacidad de pago entre los usuarios, los que eran aportados por el Estado a los prestadores para permitir una reducción de la tarifa.

A partir de 2022 se ha iniciado un proceso de reducción de subsidios, contemplando un mecanismo por el cual los mismos se limitaron a los usuarios que no estuvieran en condiciones de afrontar los importes tarifarios resultantes. Si bien esta experiencia no implica una devolución de subsidios –sino su eliminación-, es consistente con el concepto de evaluación de los subsidios estatales a los operadores que pueda ser perjudicial para la competencia en la medida en que ayudan a los operadores de manera desproporcionada y más allá de la necesidad real.